En Rhode Island, un estado pequeño y densamente poblado donde casi el 40% de la población se identifica como católica, un oscuro secreto ha permanecido oculto durante décadas. La diócesis católica de Providence, una vez símbolo de fe y comunidad, ahora es el centro de una investigación que revela un sistema de tapaderas sobre el abuso sexual infantil por parte de clérigos. El informe, publicado en 2026 por el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, detalla cómo la diócesis protegió a sacerdotes abusadores, minimizó el daño a las víctimas y retrasó la justicia durante décadas.

Un escándalo que debería haberse revelado antes

La investigación sobre la diócesis católica de Providence comenzó en 2019, cuando la oficina de Neronha empezó a examinar registros y documentos históricos. Lo que descubrieron fue impactante. Entre 1950 y 2011, 75 clérigos fueron acusados de manera creíble de haber abusado de más de 300 niños. El informe del fiscal general, de 288 páginas, pintó un cuadro de una diócesis que priorizó su reputación sobre la seguridad y el bienestar de sus fieles.

“Este es un escándalo que debes asumir y arreglar”, dijo Neronha durante una rueda de prensa, con la voz llena de frustración. “No podemos retrasar las soluciones ni la justicia”.

La diócesis, en su respuesta, reconoció la existencia de abusos, pero argumentó que el informe reflejaba su disposición para compartir documentos internos bajo un acuerdo de 2019 con el estado. Sin embargo, los sobrevivientes y defensores sostienen que esta admisión fue demasiado tardía. Muchas de las víctimas ahora son adultos, viviendo con el trauma del pasado, habiendo esperado décadas por que la verdad saliera a la luz.

Los sobrevivientes hablan

El doctor Herbert Brennan, sobreviviente del abuso por parte del reverendo Brendan Smyth, contó el momento en que se dio cuenta de la magnitud del trauma que había sufrido. “Tuve la mala suerte de cruzarme con Brendan Smyth”, dijo Brennan. “Abusó de al menos 17 niños durante sus tres años de ministerio en Rhode Island”. Brennan no se reconcilió con el abuso hasta décadas más tarde, cuando era adulto. “Bloqueamos el recuerdo con la mente de la infancia porque no lo podemos comprender”, explicó. “Una vez que maduramos y tenemos una mente adulta con lógica y distancia, entonces somos capaces de reconocerlo y comenzar a lidiar con ello”.

La historia de Brennan no es única. La doctora Ann Hagan Webb, otra sobreviviente, compartió su experiencia de esperar por que la verdad se revelara. “Traté mi abuso infantil en la oficina de un terapeuta hace años, pero sigo traumatizada”, dijo. “El informe me dio un sentido de cierre, pero no es suficiente. Necesitamos más que palabras. Necesitamos acción”.

La respuesta de la iglesia: una historia de silencio

La diócesis católica de Providence ha sido acusada durante mucho tiempo de tapar el abuso trasladando a sacerdotes acusados a nuevas asignaciones sin investigaciones exhaustivas. Esta práctica, común en la diócesis, también fue revelada en investigaciones en Boston, Filadelfia y otros lugares. El informe detalló cómo la diócesis creó un “centro de retiro espiritual” en la década de 1950, donde varios sacerdotes acusados fueron enviados a otros lugares durante un período con el objetivo de regresar al trabajo. Esta práctica evolucionó en el envío de sacerdotes acusados a centros de tratamiento más formales después de determinar que el abuso clergial podría derivarse de problemas de salud mental.

El informe del fiscal general describió la dependencia excesiva de estos centros de tratamiento como “absurdamente optimista”. Señaló que para la década de 1990, a veces se colocaba a sacerdotes acusados en “licencia espiritual” sin eliminarlos del ministerio por completo. Esto les permitió continuar trabajando en otras parroquias, a menudo bajo diferentes nombres, sin ser responsabilizados por sus acciones.

Un sistema de negación

Una de las revelaciones más impactantes del informe fue la correspondencia entre el obispo Thomas J. Tobin y el Vaticano sobre varios sacerdotes acusados. En 2012, Tobin escribió al Vaticano sobre el reverendo Timothy Gordon, afirmando: “En este momento, no creo que el padre sea una amenaza para los jóvenes”. Lenguaje similar se usó en 2013 en relación con el reverendo Barry Meehan y el reverendo John Allard. La oficina del fiscal general señaló que estas declaraciones eran alarmantemente consistentes, lo que sugiere un patrón de negación y tapadera.

El reverendo Francis Santilli, acusado de haber abusado de un joven acólito en la década de 1980, no fue retirado del ministerio hasta 2021, cuando una tercera parte contactó tanto a la diócesis como a las autoridades para identificar a más víctimas. Incluso entonces, el obispo Tobin escribió al Vaticano en 2022, defendiendo a Santilli y solicitando que no fuera retirado del ministerio público. “Las acusaciones sobre el comportamiento del padre Santilli son repulsivas, dada la naturaleza de las acciones y la edad de las víctimas”, escribió Tobin. “No obstante, el padre Francis Santilli también ha ejercido su sacerdocio durante más de 40 años”.

Una herencia de trauma e injusticia

El impacto del abuso en los sobrevivientes ha sido profundo. Muchas de las víctimas, ahora adultas, han luchado con problemas de salud mental, abuso de sustancias y falta de confianza en instituciones. “Sigo traumatizada”, dijo la doctora Ann Hagan Webb. “He tenido que lidiar con ello durante años, pero el informe me dio un sentido de cierre. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos más que palabras. Necesitamos acción”.

El informe del fiscal general ha sido alabado como un avance en la lucha por la justicia. Sin embargo, muchos sobrevivientes argumentan que el daño ya ha sido hecho. “La verdad está a la luz, pero ¿qué significa eso para nosotros?”, preguntó un sobreviviente. “Necesitamos poder sanar, pero eso requiere más que un informe. Requiere un compromiso de la iglesia para cambiar”.

El camino hacia adelante

Mientras la diócesis católica de Providence enfrenta las consecuencias de sus acciones, la pregunta permanece: ¿qué viene después? El fiscal general