IAG Nueva Zelanda, uno de los principales aseguradores del país, advirtió que el lenguaje actual del Proyecto de Ley de Planificación, que busca reemplazar la Ley de Gestión de Recursos (RMA) de 1991, podría limitar la asegurabilidad de futuros desarrollos inmobiliarios. La aseguradora informó al Parlamento que las ambigüedades en el tratamiento del concepto de ‘planificación proporcional’ y la planificación basada en riesgos podrían influir en cómo se evalúan las decisiones de uso del suelo, afectando prácticas de aseguramiento, precios de seguros y el mercado de préstamos.

Preocupaciones del sector asegurador

Esta advertencia surge en un momento en que el gobierno busca reformar la RMA, que ha regulado el uso del suelo y el control ambiental en Nueva Zelanda desde 1991. IAG destacó que el nuevo marco legal podría generar incertidumbre para los aseguradores que evalúan la viabilidad de asegurar nuevos desarrollos, lo que podría traducirse en primas más altas, opciones reducidas de cobertura o incluso la retirada del seguro para propiedades de alto riesgo.

Según IAG, el enfoque del Proyecto de Ley de Planificación en la ‘planificación proporcional’ podría no considerar adecuadamente los riesgos a largo plazo asociados a desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra y eventos climáticos extremos. La aseguradora argumenta que, sin definiciones claras y estándares, el proceso de evaluación de riesgos podría volverse inconsistente entre diferentes regiones y tipos de desarrollo.

Impacto en desarrolladores inmobiliarios y propietarios

Los posibles cambios en la RMA podrían tener implicaciones significativas para los desarrolladores inmobiliarios y los propietarios. Si los aseguradores perciben mayores riesgos debido a marcos regulatorios poco claros, podrían estar menos dispuestos a asegurar nuevos desarrollos, especialmente en áreas propensas a desastres naturales. Esto podría llevar a una escasez de opciones de seguros asequibles, aumentando el costo de la propiedad y potencialmente frenando el desarrollo en zonas de alto riesgo.

Para los propietarios, esto podría significar primas de seguro más altas o incluso la imposibilidad de obtener cobertura para sus propiedades. En algunos casos, los bancos también podrían rehusarse a otorgar hipotecas para propiedades consideradas demasiado riesgosas, limitando aún más las opciones de vivienda en regiones vulnerables.

Según un informe de IAG, la falta de claridad en el Proyecto de Ley de Planificación podría afectar también al mercado de préstamos, ya que las instituciones financieras dependen del seguro para mitigar riesgos. Si la nueva legislación genera incertidumbre, podría llevar a una actitud más conservadora por parte de los prestamistas, reduciendo el acceso al crédito para compradores y desarrolladores de propiedades.

Lo que dicen los analistas

Analistas del sector han coincidido con las preocupaciones de IAG, señalando que la transición de la RMA al Proyecto de Ley de Planificación es un momento crucial para el entorno regulatorio de Nueva Zelanda. La doctora Sarah Thompson, experta en políticas de uso del suelo en la Universidad de Auckland, dijo: ‘El éxito de la nueva legislación dependerá de cómo equilibre la protección ambiental con las realidades económicas del desarrollo y el seguro. Si el marco de planificación basado en riesgos no se define claramente, podría crear un vacío regulatorio que deje a los aseguradores y propietarios en un limbo.’

Otros expertos han señalado que problemas similares surgieron en el pasado cuando los cambios regulatorios no consideraron las complejidades de la evaluación de riesgos. Por ejemplo, los cambios en la RMA de 2004, que buscaban simplificar la planificación del uso del suelo, generaron incertidumbre en el mercado asegurador, lo que resultó en primas más altas para propiedades en zonas de alto riesgo.

El Proyecto de Ley de Planificación está actualmente bajo revisión en el Parlamento, con una decisión final esperada para mediados de 2025. Durante este tiempo, actores clave del sector, incluidos aseguradores, desarrolladores y grupos ambientales, están abogando por enmiendas para garantizar que la nueva legislación aborde adecuadamente los riesgos a largo plazo asociados a desastres naturales.

IAG ha llamado al gobierno para que proporcione definiciones claras de ‘planificación proporcional’ y asegure que el nuevo marco incluya mecanismos para evaluar y mitigar los riesgos de desastres naturales. La aseguradora también ha instado a los responsables de políticas a interactuar con el sector asegurador para garantizar que la nueva legislación no cree barreras involuntarias para el desarrollo y la propiedad.

Mientras continúa el debate sobre el Proyecto de Ley de Planificación, el sector asegurador permanece alerta, temiendo que la nueva legislación lleve a un entorno regulatorio fragmentado e impredecible. Para los ciudadanos comunes de Nueva Zelanda, el resultado de este debate podría tener implicaciones duraderas en la asequibilidad de la vivienda, los costos de seguros de propiedades y la disponibilidad de hipotecas en zonas de alto riesgo.