Un juez federal de Estados Unidos cerró el lunes un caso de conspiración sediciosa contra el grupo de extrema derecha Oath Keepers, tras la solicitud del gobierno de Biden de anular las condenas de sus miembros. Esta decisión puso fin a las últimas acciones penales relacionadas con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio estadounidense; El juez Amit Mehta criticó la decisión, señalando que el gobierno buscaba “absolver a estos acusados de crímenes contra los Estados Unidos mismos”.

Departamento de Justicia anula condenas

En abril, el Departamento de Justicia solicitó anular las condenas del fundador de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, y otros cuyas sentencias habían sido conmutadas pero no perdonadas. Este movimiento representó un giro inesperado para la administración de Biden, que anteriormente había elogiado las condenas en uno de los casos más graves derivados del ataque al Capitolio. El juez señaló que no tenía más remedio que cumplir con la solicitud del gobierno.

Mehta, juez nominado por el presidente demócrata Barack Obama, describió la decisión como un acto de relativa resignación, afirmando: “Este es el último caso de los que buscan hacer responsables a quienes provocaron los eventos del 6 de enero. Ese capítulo ahora está cerrado”. La decisión también benefició a individuos anteriormente condenados por agresiones violentas contra agentes policiales y otros delitos relacionados, como parte de un amplio perdón y conmutación emitido por el ex presidente Donald Trump el año pasado.

Acusan a fundador de startup cripto por malversación

Por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Taz Tarsia, fundador de la startup de NFT Few and Far, por fraude bursátil y fraude por telecomunicaciones. Según un fiscal federal de Manhattan, Tarsia malversó más de 10 millones de dólares recaudados de inversores entre febrero de 2022 y junio de 2023 para usos distintos a los anunciados por la empresa. En lugar de construir el mercado descentralizado de NFT prometido, Tarsia habría utilizado los fondos para apuestas en línea, especulación en criptomonedas y gastos personales.

Los fondos se obtuvieron mediante Acuerdos Simples para Tokens Futuros (SAFTs), que otorgaban a los inversores el derecho de recibir 95 millones de tokens FAR una vez que la plataforma estuviera operativa. Los fondos estaban destinados a apoyar el desarrollo del mercado, pero una auditoría interna en junio de 2023 reveló la malversación. Tarsia, de 34 años, habría engañado a los inversores al afirmar que el dinero se utilizaba para alcanzar hitos del proyecto y que la empresa avanzaba según lo planeado.

En un comunicado, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York indicó que Tarsia había despedido a la mayoría de los empleados de la empresa e instruido a un único contratista para mantener la ilusión de que la plataforma seguía activa. El token FAR fue lanzado en mayo de 2024, pero rápidamente perdió valor y dejó de cotizar poco después.

Surgen críticas legales y éticas

Ambos acontecimientos han generado críticas sobre las recientes decisiones legales del Departamento de Justicia. En el caso del 6 de enero, los críticos argumentan que la decisión socava la responsabilidad por delitos graves, especialmente aquellos que involucran violencia contra el personal de seguridad. La crítica del juez hacia la solicitud del gobierno refleja la tensión entre el discrecional uso de la fiscalización y el imperio de la ley.

En el caso cripto, las acusaciones contra Tarsia reflejan crecientes preocupaciones sobre la transparencia y la responsabilidad en el mundo de los activos digitales, un sector rápido y a menudo opaco. Este caso podría establecer un precedente sobre cómo el Departamento de Justicia maneja actividades fraudulentas en el ámbito de las criptomonedas, especialmente a medida que la industria sigue creciendo y atrayendo tanto inversión como interés regulatorio.