KUALA LUMPUR — Las propuestas reformas constitucionales en Malasia buscan eliminar la influencia política en la designación del fiscal general, según el fiscal general Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar.

El Proyecto de Ley de Reforma Constitucional (No. 2) de 2026 separa los roles del fiscal general y del fiscal público, sin otorgar al primer ministro ningún papel en el proceso de selección. El fiscal público será designado por el Yang di-Pertuan Agong, con el consentimiento de la Conferencia de Reyes, para un mandato fijo de siete años.

Mohd Dusuki indicó que la Comisión de Servicios Judiciales y Legales (SPKP) nominará a los candidatos para el cargo. Subrayó el propósito de este cambio: prevenir la interferencia política y garantizar que el fiscal público permanezca imparcial al desempeñar sus funciones.

“Estamos preocupados por la posibilidad de que el fiscal público pueda verse influenciado por las partes involucradas en la determinación del nombramiento si el proceso incluye representantes electos o políticos”, dijo durante una reunión ministerial en el Parlamento el lunes (23 de febrero).

Bajo el nuevo marco, el fiscal público no podrá ser miembro del Parlamento o de la Asamblea Estatal y deberá tener al menos 10 años de experiencia en litigios. El proceso de nombramiento está diseñado para aislar el rol de las presiones políticas.

El viceprimer ministro Datuk Seri Fadillah Yusof y el ministro del Departamento del Primer Ministro (Ley y Reforma Institucional) Datuk Seri Azalina Othman Said asistieron a la reunión, junto con miembros de ambas cámaras del Parlamento.

Azalina indicó que el mandato de siete años del fiscal público no es automático. La persona debe solicitar su reelección o extensión ante la SPKP, lo que permite a la comisión reevaluar su desempeño antes de cualquier renovación.

“El fiscal público tampoco está obligado a responder ante el Parlamento, ya que el cargo no es una designación política, sino que funciona como una oficina independiente”, añadió.