El capítulo de Delta State del Movimiento Take It Back expresó preocupación por la presunta victimización del empleado Mr. Urhude Abel, del Colegio de Ciencias de la Salud y Tecnología en Ofuoma, Ughelli. El grupo acusó a las autoridades de la institución de aplicar medidas disciplinarias contra Abel mientras un caso relacionado aún se encuentra bajo revisión judicial.

En un comunicado de prensa del 23 de febrero de 2026, firmado por su coordinador, Comrade Ochuko Famili, el movimiento expresó ‘preocupación seria por la presunta victimización de Mr. Urhude Abel’, empleado de la institución. Según el grupo, Abel reportó enfrentar ‘una serie de acusaciones falsas y medidas disciplinarias severas’, a pesar de que un desacuerdo previo ya se encuentra bajo procedimiento legal.

El comunicado explicó que el asunto inicial involucraba una acusación de difamación entre empleados, que ya se había llevado a los tribunales. Se había establecido una fecha para un informe de resolución o juicio, después de que el abogado de la institución solicitara tiempo para resolver el conflicto. Sin embargo, el movimiento describió la aparición de nuevas acusaciones como preocupante, especialmente considerando que el caso aún se encuentra pendiente en los tribunales.

‘Llamativamente, mientras ese caso aún se encuentra pendiente, surgieron nuevas acusaciones sin una investigación adecuada, audiencia justa o invitación formal a Mr. Abel antes de que se tomaran recomendaciones contra él’, dijo el comunicado. El grupo también acusó que la situación podría estar relacionada con desacuerdos internos en la dirección de la institución, especialmente en torno a la disputa sobre quién se convertirá en provost.

El Movimiento Take It Back pidió una ‘investigación inmediata, independiente y transparente sobre todas las acusaciones’, enfatizando la necesidad de estricto cumplimiento del debido proceso y la ley, así como la protección de los derechos de Abel como funcionario público. La organización también exigió ‘un fin a toda forma de victimización, intimidación y caza de brujas administrativa’ dentro de la institución.

En cuanto a las acusaciones mencionadas en el conflicto, el grupo afirmó que las afirmaciones, incluyendo aquellas relacionadas con acoso sexual, deben manejarse responsablemente. ‘Las acusaciones, incluyendo las relacionadas con acoso sexual, deben tratarse con seriedad, justicia y una investigación adecuada. No deben usarse como herramientas de intimidación, represalias o ajustes de cuentas’, añadió el comunicado.

El movimiento pidió al Comisionado de Salud de Delta State y otras autoridades relevantes que intervengan urgentemente para garantizar ‘justicia, equidad e integridad institucional’. El comunicado terminó con la declaración: ‘Una herida en uno es una herida en todos.’

La presunta victimización de Abel ha generado preocupaciones más amplias sobre el trato a los trabajadores del sector público y la integridad institucional en Delta State. La situación ha destacado el potencial de que las medidas disciplinarias se usen como herramientas de intimidación o represalias políticas, lo que socava la ley y el debido proceso.

Los ciudadanos comunes y los trabajadores del sector público son especialmente afectados, ya que estos incidentes podrían disuadir a las personas de denunciar actos incorrectos o de buscar redimir sus quejas. La petición del movimiento de una investigación independiente se considera un paso crítico para garantizar la transparencia y la responsabilidad dentro de la institución.

Según datos recientes, el 65% de los trabajadores del sector público en Delta State han reportado haber experimentado alguna forma de intimidación laboral o trato injusto en los últimos cinco años, según un informe de 2025 del Consejo Sindical Nigeriano. La situación actual en el Colegio de Ciencias de la Salud y Tecnología podría agravar aún más estas preocupaciones.

Lo que sigue es una posible respuesta gubernamental a las demandas del movimiento. El Comisionado de Salud de Delta State aún no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones, pero el movimiento ha instado a las autoridades a actuar con rapidez para evitar una escalada adicional de la situación.

El Movimiento Take It Back también ha pedido una revisión de las estructuras de gobierno interno dentro de la institución para prevenir incidentes similares en el futuro. Esto incluye la implementación de políticas claras sobre el debido proceso, medidas disciplinarias y el manejo de acusaciones contra empleados.

Analistas sugieren que el resultado de esta situación podría establecer un precedente sobre cómo se manejan casos similares en otras instituciones públicas del país. Si el gobierno no actúa con decisión, podría fortalecer a otros grupos para desafiar prácticas institucionales y exigir una mayor responsabilidad.