Amaravati, 5 de marzo — M. Sunil Kumar Naik, oficial de la policía de Bihar y actual director de servicios de bomberos en Bihar, compareció ante la policía de Andhra Pradesh el jueves para ser interrogado sobre el supuesto caso de tortura en custodia del exdiputado K. Raghu Ramakrishna Raju. Raju, ahora vicepresidente de la Asamblea de Andhra Pradesh, fue supuestamente torturado en custodia policial en 2021 bajo el gobierno del Partido YSR Congress.

Procedimientos legales y directivas del tribunal

Sunil Kumar Naik llegó a la Estación Central de Crímenes en Guntur a las 10 a.m. del jueves para ser interrogado por el superintendente de policía de Vizianagaram, A. R. Damodar, el oficial encargado de la investigación en el caso. El interrogatorio se esperaba que continuara hasta las 5 p.m.

Naik compareció ante la policía por disposición del Tribunal Superior de Andhra Pradesh, que le había concedido protección provisional en su petición de libertad anticipada el lunes. Sin embargo, el tribunal le ordenó que compareciera ante el oficial de investigación el 5 de marzo o antes. A pesar de las notificaciones enviadas, la policía de Andhra Pradesh lo arrestó en Patna el 23 de febrero. Sin embargo, un tribunal de Patna rechazó la petición de la policía para una orden de extradición.

Tras esto, la policía acudió a un tribunal en Guntur, que emitió una orden de arresto para Naik el 26 de febrero. Naik luego presentó una petición de libertad anticipada ante el Tribunal Superior, con su abogado argumentando que el caso contra él era motivado políticamente.

La jueza Venkata Jyothirmayee Prathapa del Tribunal Superior ordenó a Naik que compareciera ante el oficial de investigación el 5 de marzo o antes, y cuando fuera requerido. El tribunal pospuso los siguientes juicios para el 9 de marzo.

Antecedentes del caso de tortura en custodia

Raghurama Krishna Raju, el exdiputado, fue arrestado el 14 de mayo de 2021 en Hyderabad por hablar en contra del gobierno y supuestamente incitar el desorden comunitario. En ese momento, era un miembro del Lok Sabha elegido con boletas del Partido YSRCP en Narsapuram en 2019, pero más tarde se convirtió en rebelde. Posteriormente se unió al Partido Telugu Desam (TDP) antes de las elecciones de 2024 y fue elegido al consejo legislativo, convirtiéndose finalmente en vicepresidente.

Raju presentó una denuncia en julio de 2024 contra Y.S. Jagan Mohan Reddy, tres oficiales de la policía y otros, acusándolos de un intento de asesinato durante su custodia policial. Sunil Naik, quien sirvió como director general de la Dirección de Investigación Criminal (CID) de A.P. en el momento del arresto de Raju, regresó a Bihar en 2024.

El caso ha llamado la atención sobre las dinámicas legales y políticas que rodean la tortura en custodia en la India, donde estos incidentes suelen estar envueltos en secreto y falta de transparencia. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se reportaron 3.217 casos de muertes en custodia entre 2018 y 2022, aunque muchos permanecen sin resolver.

Implicaciones y pasos siguientes

Los procedimientos legales en curso podrían tener implicaciones significativas para la credibilidad de la policía en Andhra Pradesh y el tema más amplio de la tortura en custodia en la India. La decisión del Tribunal Superior de permitir que Naik comparezca ante el oficial de investigación el 5 de marzo marca una fase crítica del caso.

Analistas han señalado que el caso destaca la necesidad de mayor responsabilidad y transparencia en los procedimientos de custodia policial. ‘El hecho de que un oficial senior de la policía esté siendo interrogado en este caso envía un mensaje fuerte sobre el compromiso del poder judicial con la justicia’, dijo un experto legal en Hyderabad.

Con el siguiente juicio programado para el 9 de marzo, el resultado de la investigación será observado con atención. El caso también plantea preguntas sobre las motivaciones políticas detrás de la denuncia y el rol de la policía en el manejo de casos sensibles políticamente.

El incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas legislativas para prevenir la tortura en custodia, con varios grupos de defensa llamando a mecanismos de supervisión más estrictos y protecciones legales mejoradas para los detenidos.