Un tribunal de Daca formuló el martes cargos contra 28 estudiantes de la Universidad de Daca (DU) por el supuesto asesinato de un joven autista llamado Tofazzal en septiembre de 2024. Los acusados se enfrentaron a acusaciones de haber etiquetado falsamente a Tofazzal como ladrón de teléfonos móviles y lincharlo a pesar de haber percibido que tenía discapacidad mental.

El caso ha conmocionado a la comunidad académica, con muchos cuestionando la seguridad de los estudiantes y el rol de las instituciones en la protección de personas vulnerables. Tofazzal, un hombre de 22 años con autismo, fue atacado supuestamente por un grupo de estudiantes después de ser confundido con un ladrón. El incidente ha generado preocupación sobre la seguridad en el campus y el riesgo de violencia contra grupos marginados.

El magistrado metropolitano de Daca, Md Jewel Rana, ordenó la formulación de cargos contra los 28 acusados tras aceptar el informe de investigación complementaria presentado por la policía. El informe detalló cómo los acusados, identificados mediante grabaciones de vigilancia y declaraciones de testigos, acusaron falsamente a Tofazzal y luego lo atacaron.

Dos de los acusados están actualmente en libertad bajo fianza, y otros cuatro están en custodia. El tribunal emitió órdenes de arresto para los restantes 22 acusados, lo que marca el inicio de un posible proceso legal que podría durar meses o incluso años.

Los cargos formulados contra los estudiantes han atraído la atención de organizaciones de derechos humanos y expertos legales. Según un comunicado de la Organización de Derechos Humanos de Bangladesh, el caso resalta la necesidad de una aplicación más estricta de las leyes contra el linchamiento y una mejor protección para personas con discapacidades mentales.

“Este caso es un recordatorio sombrío de cómo los individuos vulnerables suelen ser blanco de grupos que aprovechan su incapacidad para defenderse”, dijo Md. Shafiqul Islam, analista legal de la organización.

El incidente también ha generado debates sobre el rol de las universidades en la prevención de tales violencias. Oficiales de la DU expresaron arrepentimiento por los hechos y prometieron revisar sus protocolos de seguridad en el campus. Sin embargo, críticos argumentan que se necesita hacer más para garantizar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir.

La investigación policial, que comenzó en septiembre de 2024, involucró la recopilación de testimonios de testigos y el análisis de grabaciones de vigilancia. El informe complementario presentado al tribunal incluyó cuentas detalladas de los eventos que condujeron a la muerte de Tofazzal.

Los acusados ahora se enfrentarán a un juicio en un futuro cercano. El tribunal ha establecido un plazo para la próxima audiencia, programada para principios del próximo mes. Los representantes legales de los estudiantes han solicitado más tiempo para preparar su defensa, citando la complejidad del caso.

Los expertos prevén que el juicio podría durar varios meses, dependiendo de la evidencia presentada y del calendario del tribunal. Mientras tanto, las familias de los acusados se preparan para el proceso legal, mientras que la familia de Tofazzal continúa buscando justicia.

El incidente también ha generado llamados por leyes más estrictas contra la violencia de multitudes y la discriminación contra personas con discapacidades. Un reciente estudio del Instituto de Estudios de Desarrollo de Bangladesh encontró que el 68% de los encuestados creía que la violencia de multitudes contra grupos vulnerables está en aumento en áreas urbanas.

Las autoridades aún no han comentado públicamente sobre el caso, pero el Ministerio de Asuntos Internos se supone que está revisando sus políticas sobre seguridad en el campus y medidas contra el linchamiento. Se ha instado al gobierno a tomar medidas rápidas para prevenir incidentes similares en el futuro.

A medida que avanza el proceso legal, el caso sigue siendo un punto importante de discusión en círculos legales y sociales. La formulación de cargos contra los 28 estudiantes de la DU no solo ha impactado a la comunidad universitaria, sino que también ha planteado preguntas más amplias sobre la justicia y la protección de los vulnerables en Bangladesh.