La Corte Suprema de Delhi determinó que no hay evidencia clara contra el primer ministro Arvind Kejriwal en el caso de supuesta estafa fiscal, rechazando las acusaciones de manipulación de políticas. El tribunal señaló que el caso de la acusación se basa en una declaración no respaldada por otro testigo y carece de cualquier evidencia directa que vincule a Kejriwal con la supuesta conspiración.

Falta de evidencia directa

En su dictamen detallado, el tribunal destacó que no existían documentos relevantes, notas de archivos, comunicaciones electrónicas, transacciones financieras o evidencia digital que conectaran directa o indirectamente a Kejriwal con cualquier supuesta manipulación de políticas o soborno ilegal. El juez señaló que el caso de la acusación se basa en una declaración no respaldada por otro testigo, lo cual no puede servir como base legal para actuar contra el primer ministro.

El tribunal señaló que el argumento de la acusación se basa en la premisa de que la política fue manipulada con un diseño criminal. Sin embargo, sin establecer esa base, las acusaciones posteriores de una conspiración más amplia pierden su fundamento. El juez enfatizó que el simple uso del término ‘conspiración’ no elimina la necesidad de material que indique acuerdo y participación.

Problemas con las declaraciones de testigos

El tribunal señaló una ‘grave debilidad’ en el valor probatorio de ciertos testigos. Indicó que las personas que admitieron haber participado en la supuesta transacción fueron examinadas simplemente como testigos de la acusación, sin ser acusadas formalmente o perdonadas como colaboradores. El juez cuestionó si las agencias estaban al tanto de la posición legal establecida, pero buscaban presentar a estos testigos como independientes para fortalecer su caso.

El tribunal señaló que la responsabilidad por la conspiración no puede inferirse en aislamiento, sino que surge de circunstancias que son cercanas, coherentes y mutuamente reforzadoras. En ausencia de dicho material conectivo, una declaración aislada del tipo que se ha utilizado no puede, por sí sola, cumplir con el umbral legal requerido para continuar.

Al evaluar la declaración del testigo de la acusación número 225 Magunta Sreenivasulu Reddy, el tribunal la encontró como una declaración autoincriminatoria, similar a la de un colaborador. Sin embargo, sin corroboración independiente, concluyó que dicha declaración no respaldada no era una base legal sostenible para actuar contra Kejriwal.

Proceso de desarrollo de políticas

El tribunal también señaló que la acusación no logró establecer siquiera un caso inicial de manipulación de la política. No existía evidencia que sugiriera algún acuerdo previo o reunión de mentes indicativa de una conspiración criminal en la formulación de la política. Los cláusulas incluidas en la política no pueden rastrearse a ningún documento supuestamente proporcionado por el llamado Grupo del Sur.

El tribunal señaló que el registro refleja deliberaciones en varios niveles, examen por las autoridades competentes y un desarrollo progresivo del marco de políticas, culminando en la aprobación por el gobernador. Este proceso, según el tribunal, indica un enfoque estructurado y legítimo de toma de decisiones políticas, en lugar de una conspiración criminal.

En cuanto a las acusaciones de que Kejriwal usó los fondos para las elecciones en Goa, el tribunal dijo que si la acusación fundamental de manipulación de políticas con fines criminales no resiste inicialmente la revisión, entonces la acusación posterior pierde automáticamente su fundamento.

El tribunal también destacó las graves consecuencias de investigar y acusar a una persona que ocupa un cargo constitucional. Indicó que el arresto y la acusación en tales circunstancias tienen implicaciones que van más allá de la persona individual, afectando la confianza pública en las instituciones. Si posteriormente se descubre que dicha acusación no estaba respaldada por material admisible, la erosión de la confianza pública es significativa.

El juez enfatizó que el poder de investigar y acusar conlleva una obligación correspondiente de justicia, moderación y adherencia a las reglas de la evidencia. Solo mediante el estricto cumplimiento de estos principios se puede preservar tanto la libertad individual como la confianza pública en el sistema judicial.