Aproximadamente 120 000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabajan sin sueldo mientras persisten los desacuerdos sobre el financiamiento entre demócratas y la Casa Blanca, según cifras internas obtenidas por Semafor. Estas cifras, compiladas por la administración de Trump, muestran que la mayoría de estos trabajadores afectados no están involucrados en la aplicación de inmigración, un punto central de controversia en el actual impasse presupuestario.

Impacto en agencias no relacionadas con la inmigración

El cierre ha dejado sin sueldo a una parte significativa de la fuerza laboral del DHS, incluyendo alrededor de 42 000 oficiales de seguridad del transporte (TSA) y aproximadamente 19 000 otros empleados del TSA. También se ven afectados empleados de la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el cuerpo de guardacostas civil, según las cifras internas.

A pesar del desacuerdo sobre el financiamiento, alrededor de 140 000 empleados del DHS aún reciben cheques de sueldo. Esto incluye aproximadamente 57 000 oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 25 000 oficiales de Inmigración y Aduanas (ICE) y 51 000 miembros del cuerpo de guardacostas. Estos grupos han estado en gran medida indemnes gracias al financiamiento provisto por la ley de reducción fiscal del año pasado, que ofreció un alivio temporal a ciertas agencias.

Demócratas exigen reformas en la aplicación de inmigración

Los demócratas siguen exigiendo cambios significativos en la aplicación de inmigración antes de comprometerse a financiar plenamente al DHS. El presidente Donald Trump, en su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche, pidió a los demócratas que restablezcan el financiamiento para el departamento, enfatizando la importancia de mantener la capacidad operativa completa en todas las funciones del DHS.

Según las cifras internas, la mayoría de los 120 000 empleados afectados no están involucrados en la aplicación de inmigración. Esta distinción se ha convertido en el punto focal de las negociaciones, ya que los demócratas argumentan que los cambios en las políticas de inmigración son necesarios antes de que puedan aceptar el financiamiento completo.

“No podemos financiar un departamento que no esté alineado con los valores de esta nación”, dijo un funcionario demócrata, quien solicitó el anonimato. “Las políticas de aplicación deben reformarse antes de que podamos avanzar con el financiamiento completo”.

¿Qué sigue en cuanto al financiamiento del DHS?

Se espera que la Casa Blanca y los legisladores demócratas continúen las negociaciones en las próximas semanas, con una posible fecha límite acercándose para una resolución. La situación ha generado preocupaciones sobre la capacidad operativa de las agencias no relacionadas con la aplicación, que son críticas para la seguridad nacional y los esfuerzos de respuesta a emergencias.

Con el cierre afectando componentes clave del DHS, incluyendo la ciberseguridad y el manejo de emergencias, el impacto potencial en la seguridad pública se convierte en una preocupación creciente. Los funcionarios han advertido que los retrasos en el financiamiento podrían llevar a un menor servicio y un mayor riesgo para la infraestructura y la preparación ante emergencias.

“La situación actual de financiamiento es insostenible”, dijo un portavoz del DHS. “Estamos haciendo lo mejor posible para mantener los servicios esenciales, pero necesitamos una solución para garantizar que el departamento pueda cumplir su misión en todos los ámbitos”.

Mientras continúa el impasse, el enfoque sigue siendo resolver el desacuerdo sobre el financiamiento antes de que la situación empeore aún más. Con el discurso del Estado de la Unión que ha resaltado el tema, la presión se incrementa sobre ambas partes para alcanzar un compromiso.

El impacto del cierre se ha sentido en todo el país, con empleados de las agencias afectadas luchando para cubrir sus gastos. La situación subraya las implicaciones más amplias del desacuerdo sobre el financiamiento, que va más allá de la aplicación de inmigración y afecta funciones críticas de la seguridad nacional.