Yuly Velásquez, presidenta de Fedepesan, una organización dedicada a la pesca sostenible, se encuentra en una canoa de madera, cortando reyes cubiertos de residuos de petróleo en los humedales de San Silvestre en Barrancabermeja. Esta zona, que antes albergaba manatíes, jaguares y tortugas en peligro de extinción, ahora es una zona de muerte para la vida silvestre y las comunidades que dependen de ella.

Catástrofe ambiental en Barrancabermeja

Barrancabermeja, a menudo llamada la ciudad del petróleo de Colombia, es una región de pantanos, lagunas y bosques que sirve como corredor crucial para los jaguares y santuario para los manatíes. Sin embargo, su estatus como mayor productor de petróleo del país ha tenido un costo ambiental elevado.

Ecopetrol, una empresa estatal de petróleo, opera una refinería en la zona que produce 250,000 barriles de crudo al día, cubriendo el 80% de las necesidades de combustible del país. Durante décadas, la empresa ha sido acusada de filtraciones de petróleo y residuos tóxicos que han envenenado ríos y humedales, reduciendo la población de peces y degradando la calidad del agua.

Un informe de 2025 del Environmental Investigation Agency y Earthworks identificó más de 800 registros de “daño ambiental grave” causado por Ecopetrol, con la mayoría ocurrida entre mediados de los años 90 y mediados de los años 2010. El informe mencionó una “red de engaño y ocultamiento” para cubrir estos incidentes, señalando que una quinta parte no se reportó a las autoridades colombianas.

Ecopetrol negó las acusaciones de contaminación del agua, afirmando que sus operaciones cumplen con las regulaciones ambientales y que ha invertido en reducir las descargas y proteger la vida silvestre. Sin embargo, a finales de 2024, grandes áreas de los humedales seguían contaminadas debido a una rotura de tubería, con manchas de petróleo visibles en el agua y un fuerte olor a gasolina en el aire.

Comunidades pesqueras al borde del colapso

Para las comunidades ribereñas, la degradación ambiental ha tenido un impacto directo en sus medios de vida. Luis Carlos Lambraño, un pescador de 56 años que ha trabajado en la zona durante 37 años, afirma que la situación es desesperante.

“Otra vez, cientos de peces, serpientes, aves, tortugas y caimanes murieron durante la noche”, dijo. “Si no podemos pescar, no podemos comer”. Lambraño describió el impacto emocional de ver el ecosistema colapsar. “Me siento profundamente triste”.

Ronaldo Martínez, de 68 años, un agricultor de búfalos de agua, ha presenciado el envenenamiento de su ganado por el agua contaminada. “Los búfalos beben el agua, se envenenan y mueren”, dijo. “Hemos tenido alrededor de 30 búfalos muertos de esta manera en los últimos cinco años”.

Según Martínez, la contaminación por petróleo ha sido tan grave que, después de derrames, “los peces saben a petróleo”. Señaló a Ecopetrol como la causa principal. “Deberían tener una forma de gestionar sus pozos. Sus piscinas de oxidación deberían estar funcionando”.

Grupos armados amplían su control

Complicando aún más la crisis ambiental es la creciente presencia de grupos armados ilegales, conocidos como “bandas de gasolina”, que han entrado en la zona. Estos grupos aprovechan la infraestructura petrolera para robar combustible y venderlo en el mercado negro, contaminando aún más los cursos de agua.

Velásquez describió el robo diario de gasolina por parte de estos grupos. “La recogen en grandes bolsas de plástico”, dijo. “Cuando se rompen, lo cual ha ocurrido al menos dos veces, se derrama en todo el agua”.

La presencia de estos grupos ha hecho que la pesca no solo sea económicamente inviable, sino también peligrosa. Activistas locales reportan amenazas, campañas de intimidación y intentos de asesinato. Los grupos armados usan drones para vigilar y seguir a los barcos de pesca hasta que se retiren.

Velásquez, quien ha sufrido ataques repetidos en su hogar, tres intentos de asesinato y numerosas amenazas a su familia, describió los riesgos de hablar públicamente. “Ha sido devastador”, dijo. “Después del asesinato de Luis Arango en 2012, tomó mucho tiempo para que la gente volviera a levantar la voz”.

Lambraño contó sobre un incidente en febrero cuando fue interceptado por miembros de una banda y obligado a abandonar el agua. “Dispararon al aire, luego me siguieron, iluminándome con su linterna, hasta que me fui”, dijo.

Eñi Salazar, una pescadora de 66 años, también ha enfrentado amenazas de hombres armados solo por pescar en los humedales. En un incidente, su motor de barco fue secuestrado y se le amenazó con la muerte. En otro, hombres armados dispararon durante una actividad de monitoreo ambiental, con balas que impactaron en el motor de su barco.

“Les dije: ‘Nosotros sabemos quién eres, sabemos tu cara, así que si alguna vez nos vemos aquí otra vez, te mataremos’”, dijo Salazar.

Amnistía Internacional ha documentado un clima permanente de hostigamiento para las familias de pescadores en Barrancabermeja, incluyendo intentos de extorsión, amenazas directas y desplazamiento forzado. Alejandro Jiménez Ospina, investigador de Amnistía Internacional, dijo que la presencia de grupos armados ha aumentado en los últimos años.

“Los traficantes de petróleo, los grupos armados — todos quieren el agua”, dijo. “Quien controle el agua controlará Barrancabermeja”.

Este hostigamiento ha desplazado forzadamente a 26 familias de pescadores en febrero de 2025. Velásquez dijo que alrededor de 100 de sus colegas han dejado de pescar. “No se juega con los grupos armados. Si no escuchas, te matarán”, dijo.

Pero Velásquez insiste en que esperar a que algo cambie ya no es una opción. “Cada día vemos lugares donde antes vivía la vida silvestre desaparecer”, dijo. “No podemos esperar a que alguien más venga a cuidar de eso por nosotros”.

La demanda de la comunidad es sencilla, dijo Velásquez. “Queremos vivir en paz”, dijo. “Y poder disfrutar de nuestro pantano, nuestro río, de día y de noche, sin límites o restricciones que nos digan a qué hora podemos entrar o salir, o dónde podemos estar y dónde no”.