La Corte Suprema de Ohio escuchó argumentos el 20 de mayo sobre un caso relacionado con la decisión del estado de dejar de participar en el Programa Federal de Compensación por Desempleo durante la pandemia (FPUC, por sus siglas en inglés) en junio de 2021, antes de su vencimiento federal en septiembre de ese año. El caso. Que ha pasado por múltiples tribunales. Se centra en si el gobernador Mike DeWine tenía la autoridad legal para salir del programa. Los demandantes argumentan que el gobernador no tenía la autoridad legal para salir del programa y que el estado tiene derecho a 900 millones de dólares en beneficios no reclamados.

Disputas legales sobre los beneficios durante la pandemia

El problema se remonta a 2021. Cuando un grupo de ciudadanos de Ohio demandó al estado por dejar de participar en el programa FPUC. El programa, creado bajo el Acto CARES en marzo de 2020, proporcionaba 600 dólares semanales adicionales en beneficios de desempleo desde marzo hasta julio de 2020, y 300 dólares semanales después. Los estados no estaban obligados a participar, pero Ohio lo hizo inicialmente, but La oficina del gobernador DeWine argumentó que los beneficios desincentivaban a las personas a regresar al trabajo, una preocupación compartida por grupos empresariales.

La juez principal Sharon Kennedy cuestionó por qué el caso fue reabierto después de que se considerara como resuelto en 2022. Mathura Sridharan, fiscal general y representante de DeWine, dijo que el caso era resuelto, señalando que el programa terminó en 2021 y que el tribunal ya había emitido una decisión. Sin embargo, los demandantes argumentan que la decisión anterior se centró en una orden provisional y no en la cuestión central sobre la autoridad de DeWine.

Corte Suprema rechaza apelación de soborno

Por otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó las condenas del exportavoz del Consejo de Estado de Ohio, Larry Householder, y del exasesor político Matt Borges, en un esquema de soborno de 60 millones de dólares. La decisión del alto tribunal ratificó un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Sexto Circuito, emitido en mayo de 2024. Householder recibió una condena de 20 años por orquestar un esquema para aprobar leyes favorables a la empresa FirstEnergy Corp., con sede en Akron. Borges recibió una condena de cinco años por su papel en los esfuerzos para obstaculizar la derogación de dichas leyes. El abogado de Householder criticó la decisión, argumentando que fue injusta y excesiva.

Implicaciones políticas y contexto legal más amplio

Mientras que la decisión de la Corte Suprema de Ohio sobre el caso FPUC determinará si la decisión de DeWine de salir del programa fue legal, el caso ha generado atención debido a los años de litigio y a los 900 millones de dólares en beneficios en juego. Mientras tanto, la decisión de la Corte Suprema sobre Householder y Borges mantiene intactas sus condenas, reforzando los esfuerzos federales contra la corrupción en el estado. Los fallos destacan los desafíos legales y políticos continuos en Ohio, mientras el estado gestiona la gobernanza postpandémica y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.