Miles de manifestantes marcharon por la avenida Rustaveli en Tiflis el sábado, uniendo fuerzas con otros que ya estaban reunidos frente al edificio del parlamento. La protesta, parte de un movimiento sostenido que dura más de un año, vio a los participantes exigir que Georgia reafirme su compromiso con la integración europea y termine con lo que describen como un gobierno cada vez más autoritario.

Protestas y represión

Las protestas, que comenzaron en noviembre de 2024, se han convertido en una característica habitual de la vida en Georgia. Según el Parlamento Europeo, las protestas han tenido un promedio de 20.000 participantes por noche, con algunas reuniones que alcanzan las decenas de miles. El movimiento ha contado con el apoyo de la sociedad civil, políticos de la oposición y observadores internacionales que han expresado preocupación por la erosión de las normas democráticas.

Durante el último año, docenas de manifestantes han sido detenidos, muchos enfrentando cargos penales. Algunos han sido condenados a prisión, y a principios de 2025, se reporta que Georgia tiene hasta 150 presos de conciencia, incluyendo mujeres. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con años anteriores y marca la primera vez en la historia del país desde su independencia que se ha mantenido un número tan grande de detenidos políticos.

Presos políticos y represión legal

Entre los detenidos se encuentra Mzia Amaglobeli, periodista y fundadora de los populares medios de comunicación Batumelebi y Netgazeti. En 2025 fue condenada a dos años de prisión por golpear a un policía durante una protesta. Su caso ha generado atención internacional, con organizaciones de derechos humanos condenando la sentencia como desproporcionada y motivada políticamente.

Los manifestantes exigen la liberación de todos los presos políticos y la anulación de las leyes aprobadas por el partido gobernante, Georgian Dream, en los últimos dos años. Estas leyes, según ellos, han erosionado las libertades civiles, restringido la libertad de prensa y debilitado la independencia de las instituciones judiciales.

Según los manifestantes, las elecciones parlamentarias de 2024 no se celebraron de manera justa y deberían anularse. Afirmaron que el partido gobernante manipuló el proceso electoral, lo que llevó a un gobierno ilegítimo que desde entonces ha reprimido la disidencia mediante detenciones masivas, vigilancia y restricciones a medios de comunicación.

Respuesta internacional y implicaciones futuras

La Unión Europea ha llamado repetidamente a un diálogo entre el gobierno georgiano y los grupos de la oposición. En un comunicado reciente, la UE expresó preocupación por la erosión de las instituciones democráticas y exigió al gobierno liberar a todos los presos políticos y respetar el estado de derecho.

Mientras tanto, Estados Unidos también ha expresado preocupación, con el Departamento de Estado advirtiendo que la represión continua podría tensar las relaciones de Georgia con el occidente. El país ha sido visto durante mucho tiempo como un socio estratégico en la región, pero su alineación con los valores occidentales está bajo creciente escrutinio.

Los analistas sugieren que la situación podría llegar a un punto crítico en los próximos meses. Con las próximas elecciones parlamentarias programadas para 2026, el gobierno podría enfrentar una presión creciente para comprometerse con reformas significativas o arriesgarse a una mayor aislamiento. Sin embargo, el partido gobernante ha mostrado poca disposición a ceder, con funcionarios insistiendo en que el gobierno actual es legítimo y que las protestas son impulsadas por actores externos.

A medida que continúan las protestas, se espera que el número de detenidos políticos aumente y la comunidad internacional probablemente intensifique sus llamados a la responsabilidad. El resultado de este enfrentamiento podría tener implicaciones a largo plazo para el futuro político de Georgia y su relación con el occidente.