Los legisladores de Utah están avanzando con una propuesta para modificar la Constitución estatal, buscando quitar al vicegobernador el control de las elecciones y en su lugar crear un nuevo secretario de Estado elegido independientemente. Esta iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones sobre afirmaciones falsas de fraude electoral y un impulso por parte de algunos republicanos para reestructurar el sistema electoral de Utah.

Impulso legislativo para reforma estructural

La propuesta. Presentada por la representante Lisa Shepherd, republicana de Provo, exigiría una enmienda constitucional para crear el cargo de secretario de Estado, quien sería elegido independientemente. Esto transferiría la responsabilidad de supervisar las elecciones del vicegobernador a un nuevo funcionario, un movimiento que Shepherd dijo que es necesario para abordar la ‘desconfianza inherente’ en las elecciones, independientemente de los actores involucrados.

Shepherd enfatizó que la propuesta no se trata de las personas que actualmente están en el cargo, sino más bien de la estructura del sistema. ‘Mi propuesta es estrictamente sobre la estructura. No se trata de personalidades. Partidos, política o personas’, dijo durante una audiencia ante la Comisión de Operaciones Gubernamentales de la Cámara.

La resolución de Shepherd. HJR25, y su ley acompañante, HB529, han recibido apoyo casi unánime de la comisión, con solo un demócrata votando en contra. Sin embargo. Con solo un poco más de una semana y media restante en la sesión legislativa, aún no está claro si la propuesta tendrá el tiempo o el apoyo suficiente para aprobarse en ambas cámaras del legislativo.

Esfuerzos existentes y tensiones

El sistema actual de Utah. Donde el vicegobernador supervisa las elecciones, se estableció en 1976 cuando el 56% de los votantes aprobó una enmienda constitucional para eliminar el cargo de secretario de Estado y crear el cargo de vicegobernador. La nueva propuesta busca revertir esa decisión.

El senador Scott Sandall, republicano de Tremonton, argumentó que el cargo propuesto de secretario de Estado sería redundante. ‘Y si lo corregimos, no estoy seguro de que haya razón para ese cargo [de secretario de Estado] —para personal adicional, para todos los costos asociados con eso’, dijo.

Mientras tanto. La vicegobernadora Deidre Henderson. Quien ha enfrentado críticas de algunos miembros de su propio partido por cuestionar afirmaciones falsas sobre el fraude electoral, ha tomado medidas para distanciarse de ese tipo de retórica. En 2024, redactó un ‘plan de evitación de conflictos de interés’ para excluirse de las responsabilidades relacionadas con las elecciones en la carrera por la gobernación.

Henderson también ha resistido los esfuerzos del legislativo liderado por el Partido Republicano para sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones. En 2024, rechazó entregar las bases de datos electorales de Utah al gobierno de Donald Trump, citando la falta de propósito legal para la solicitud.

Contexto político e histórico

El actual impulso legislativo por la reforma sigue una serie de intentos por parte de algunos legisladores republicanos para reformar el sistema electoral de Utah desde las elecciones presidenciales de 2020. Estos esfuerzos ganaron impulso después de que el ex presidente Donald Trump difundiera afirmaciones falsas sobre los resultados de la elección, que han sido ampliamente desmentidas.

El presidente de la Cámara de Utah, Mike Schultz, republicano de Hooper, fue parte de un grupo de legisladores que firmó una carta pidiendo una auditoría de los resultados de la elección de 2020 en los 50 estados. Una ley de 2023 requirió auditorías periódicas del sistema electoral de Utah, y la auditoría de 2024 no encontró ‘fraude significativo’, aunque sí identificó algunas irregularidades, incluyendo dos votantes fallecidos que emitieron boletas y tres personas que votaron dos veces.

Otro legislador republicano, el representante Ryan Wilcox, republicano de Ogden, presentó una propuesta para crear una oficina independiente de elecciones durante la carrera primaria de gobernador de 2024, pero fue posteriormente archivada tras recibir oposición de la oficina del gobernador Spencer Cox.

Si la propuesta de Shepherd tiene éxito, aparecerá en la boleta electoral de noviembre junto con otras dos posibles enmiendas constitucionales. Una exigiría el 60% de apoyo de los votantes para cualquier aumento fiscal iniciado por ciudadanos, y otra eliminaría la exigencia de que las enmiendas constitucionales se impriman en periódicos dos meses antes de una elección.

La propuesta refleja una tendencia más amplia en Estados Unidos en respuesta a los resultados de la elección de 2020, con algunos estados considerando cambios estructurales en la supervisión electoral para abordar preocupaciones sobre la integridad electoral y reducir tensiones políticas.