El presidente filipino Ferdinand Marcos declaró una emergencia energética nacional, prometiendo un ‘flujo de petróleo’ para combatir el aumento de los precios de los combustibles vinculado a la guerra en Irán, según la BBC. En un discurso televisado. Marcos dijo que el gobierno adquiriría un millón de barriles de petróleo para añadir al stock actual, que alcanza para 45 días. ‘Tendremos un flujo de petróleo. No solo una entrega. No dos entregas, sino un flujo de productos relacionados con el petróleo’, dijo.
Impacto en los precios del combustible y la vida cotidiana
Las Filipinas, que importan el 98% de su petróleo del Golfo, se convirtieron en el primer país en declarar una emergencia energética después de que los precios del diésel y la gasolina se duplicaran desde que estalló la guerra el 28 de febrero. La guerra entre Estados Unidos-Israel e Irán, y el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave, han provocado ondas de choque en los mercados energéticos globales, causando escasez y aumentos de precios.
El precio de la gasolina y el diésel aumentó nuevamente el martes, alcanzando más del doble de su nivel anterior a la guerra en febrero. Esto ha tenido un impacto directo en los ciudadanos comunes, con un aumento brusco en los costos de transporte y muchas familias luchando por pagar necesidades básicas. Según la secretaria de Energía Sharon Garin, el país tenía aproximadamente 45 días de suministro de combustible, lo que llevó al gobierno a depender temporalmente más de centrales eléctricas alimentadas con carbón para satisfacer sus necesidades energéticas.
Marcos enfatizó que ‘nada está fuera de la mesa’ y que el gobierno está considerando todas las posibles soluciones para abordar la crisis. ‘Estamos considerando todo lo que podemos hacer, cualquier sugerencia, cualquier idea’, dijo. La declaración de emergencia energética otorga al gobierno la autoridad legal para imponer medidas que garanticen la estabilidad energética y protejan la economía general.
Colaboración internacional y críticas domésticas
El embajador filipino en Estados Unidos, Jose Manuel Romualdez, informó a Reuters que Manila está trabajando con Washington para obtener exenciones que permitan al país importar petróleo de países sancionados por Estados Unidos. Las Filipinas son una de las aliadas más cercanas de Estados Unidos en el Pacífico, y esta colaboración se considera un paso clave para asegurar fuentes alternativas de combustible.
Bajo el mandato de Marcos, se ha formado un comité para supervisar la distribución ordenada de combustible, alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. El gobierno también ha sido autorizado para comprar directamente combustible y productos petroquímicos para fortalecer las reservas. La declaración permanecerá vigente durante un año, a menos que el presidente la extienda o la levante.
No obstante, la declaración de emergencia ha generado críticas de algunos grupos domésticos. Una de las principales coaliciones laborales del país, la Kilusang Mayo Uno (KMU), criticó duramente la declaración de emergencia, llamándola una ‘admisión’ de que el gobierno no logró abordar la crisis del petróleo. La KMU también acusó al gobierno de minimizar la situación anteriormente, afirmando que las afirmaciones anteriores de que ‘todo está normal’ eran engañosas.
La KMU expresó preocupación por lo que describe como ‘disposiciones anti-trabajadores’ en el decreto ejecutivo, especialmente cláusulas que podrían restringir actividades consideradas como disruptivas para la actividad económica, incluyendo huelgas. Advierten que esto podría limitar efectivamente la capacidad de los trabajadores para protestar en un momento en el que los precios del combustible ya están afectando los ingresos.
Apoyo empresarial y protestas próximas
El magnate Manuel V. Pangilinan, quien preside empresas de servicios públicos importantes, respaldó las medidas de emergencia. En un comunicado, dijo que sus empresas están sintiendo el impacto de los costos energéticos en aumento y advirtió que la crisis está comenzando a afectar las operaciones empresariales, pero añadió que el gobierno ‘debería tener todas las opciones’ disponibles para guiar la economía a través de lo que describió como un período difícil.
Trabajadores del transporte y otros grupos, incluyendo servicios de transporte por aplicación, planean una huelga de dos días el jueves y el viernes, reflejando la ira generalizada por el aumento de los precios del combustible y lo que ven como una respuesta lenta o insuficiente del gobierno. La coalición sindical de transporte Piston, que lidera la acción de huelga planeada, ha presentado demandas amplias, desde eliminar impuestos sobre combustible y reducir los precios del petróleo, hasta abandonar la desregulación e introducir controles estatales. También están presionando por aumentos en las tarifas y salarios más altos.
Desde que comenzaron las hostilidades en el Medio Oriente, el gobierno ha ofrecido subsidios a los conductores de transporte, reducido los servicios de ferry y implementado una semana laboral de cuatro días para el personal civil para ahorrar combustible. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para aliviar la creciente crisis, con los precios del combustible que continúan subiendo y la vida cotidiana volviéndose cada vez más difícil para muchos filipinos.
Asia es especialmente vulnerable al bloqueo del Estrecho de Ormuz. El año pasado, casi el 90% de todo el petróleo y gas que pasó por el canal estaba destinado a la región. Las Filipinas, como un importante importador, han sentido el impacto con intensidad, sin visión de alivio inmediato.
Mientras que la declaración de emergencia energética sigue vigente, el gobierno enfrenta una presión creciente para encontrar una solución sostenible a la crisis del combustible. Con la economía en riesgo y la frustración pública en aumento, los próximos meses serán críticos para determinar cuán efectivamente el gobierno puede abordar los desafíos planteados por la guerra en el Medio Oriente.
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